Resumen: La sentencia desestima el recurso presentado contra una resolución que sanciona a la recurrente, funcionaria, como autora de una falta grave de falta de obediencia a los superiores y autoridades. Se pronuncia sobre el procedimiento sancionador aplicable en la tramitación del expediente disciplinario, regulado en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, tan solo en la medida en que no contravenga la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, y en este caso han existido. Tampoco se ha vulnerado el principio de culpabilidad de la sancionada, aunque dicha responsabilidad sólo pueda ser exigida a título de dolo o culpa, quedando desterrada del ámbito del derecho administrativo sancionador la llamada "responsabilidad objetiva". Toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción cometida y según un criterio de proporcionalidad en relación con las circunstancias del hecho, lo que en el caso se cumplió pues se consideró la intencionalidad presente en la conducta de la sancionada, evidenciada por su propia declaración y la del interno, y el daño al interés público inherente a su conducta.
